CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS, 9 DE JUNIO DE 2015

Los Archivos municipales en el siglo XIX y el inventario del Archivo de Teguise de 1836

Víctor M. Bello Jiménez

Dr. en Historia por la U.L.P.G.C.

Los autores que han estudiado la evolución histórica de la archivística, coinciden en que en la segunda mitad del siglo XIX se produce la independencia de la misma como disciplina. Aunque su desvinculación de las otras disciplinas no es absoluta, pues durante largo tiempo permaneció emparentada a la Historia. Esto viene motivado por la pretensión de la época de recuperar los documentos que ensalzan la historia de una nación a través del impulso que suponen las políticas archivísticas estatales, enfocadas a la recuperación de los archivos históricos. Se desarrollan  propuestas metodológicas para solventar los problemas que planteaban los documentos de las instituciones desaparecidas, y paulatinamente se procuró su introducción en la administración. La consecuencia directa de dicha intención fue la búsqueda de una metodología aplicable a todos los archivos, y la idea de los diversos autores que publican los primeros manuales de archivística, tanto en España como en Europa, fue sentar las bases de la posterior teoría archivística.

Pero en Canarias, mayor repercusión que la bibliografía debió tener la legislación, que es precisa a la hora de exponer qué es lo que se debe hacer con los documentos y quién es el responsable de los mismos; mas no lo es tanto para fijar el cómo. Es decir, plantea de manera rigurosa que es necesario hacer inventarios de los documentos, pero no proporciona la metodología necesaria para llevarlos a cabo. Ahí es donde entra en juego la bibliografía archivística que se comienza a producir, y su influencia por vía indirecta.

Uno de los primeros manuales consultados por los secretarios municipales canarios debió ser el de Fermín Abellá, cuyo objeto fue:

facilitar, en cuanto sea posible, los medios para que los secretarios que no reúnan las condiciones precisas de aptitud para este servicio especial puedan clasificar sin gran trabajo los papeles y documentos que contengan los archivos que están a su cargo y bajo su responsabilidad.

Tal y como establece la teoría archivística desde entonces hasta ahora, la primera función que se debe desarrollar es la identificación de las materias que contiene el archivo, que serán las que establezcan las consecuentes secciones en las que se clasificará:

No puede decirse que un archivo está bien organizado si los papeles que contiene carecen de clasificación, y para que ésta armonice con los principios de la ciencia, es preciso que preceda el reconocimiento y examen de las materias de que tratan los documentos que se han de clasificar, en razón á que su índole determina y concreta la clasificación.

De las diversas propuestas, la que más uso tuvo durante el siglo XIX y gran parte del XX fue la establecida por materias y asuntos, debiendo entenderse por materia la reunión de varios asuntos homogéneos; y por asunto el particular a que se refiere cada documento.

A la luz de los inventarios de este periodo que he podido estudiar, se puede concluir la falta de criterios únicos. Esto se refleja en las variaciones que pueden presentar entre sí los diversos inventarios en lo concerniente a la clasificación y los datos proporcionados. Incluso entre los de un mismo ayuntamiento realizados en años diversos y por diferentes secretarios o archiveros, dando como resultado la inexistencia de uniformidad en la clasificación de los documentos. Mientras unos apuestan por dividir el fondo documental en secciones y series (siguiendo probablemente la propuesta de Martínez Alcubilla realizada en 1877), otros exponen que basta con nominar las secciones y dar número a los legajos y expedientes y documentos (así lo proponía Porras Huidobro en 1830), a lo que se une una casuística muy diversa según la opinión de cada teórico o archivero.

Aun así, lo que destaca de los archivos es el desorden en que se encuentran, y Teguise no es diferente en este sentido.

En cabildo de 16 de mayo de 1824 se expone:

En vista del abandono en que se hallan los papeles y documentos del Ayuntamiento, se comisiona a los señores don Antonio Barrios, don Román Martín y don Domingo Cancio, para que formen inventario y recojan los papeles, y que se pongan en la sala capitular.

La buena intención del ayuntamiento debió tener poco calado, pues dos años más tarde, cuando se produce un cambio en el gobierno local, el alcalde saliente expone su deseo de ceder al Ayuntamiento:

una alacena portátil de dos cuerpos, que está presente, la que hice formar a mis dispensas porque he visto con dolor que el archivo de este Ayuntamiento convertido en resagos estaba custodiado en un arca de muy poca capacidad.

Sin duda, la intención fue loable, y este texto demuestra la obsolescencia de los espacios destinados a archivo por su escasa capacidad, que fueron sustituidos por armarios o alacenas, como señala el alcalde saliente. Pero bien podría haber sentido la misma preocupación durante su mandato como alcalde, y no sólo cuando ya dejaba el cargo.

La misma situación se repite en los años sucesivos:

Mediante a que este cuerpo y el Secretario deben tener a la vista todos los documentos, reales órdenes, papeles y demás que le pertenecen, y notando que éstos se hallan esparcidos y desorganizados en la escribanía de don Matías Rancel, el señor presidente cuidará de recogerlos todos, como también las gacetas y el Diccionario Estadístico de España y Portugal, y se archiven todos.

La dispersión de los documentos en manos de varios trabajadores municipales incluso de dirigentes políticos continuó siendo un denominador común a los ayuntamientos isleños. Y, más de una vez, secretarios o alcaldes, tuvieron el archivo en su propia casa.

En 1836 el Gobierno Civil solicita al ayuntamiento de Teguise las ordenanzas municipales, respondiendo éste que no las encuentra. Ante esto el Gobernador fue tajante y ordenó que se realizase un inventario de todo el archivo:

manifestando circunstancialmente las faltas que notare el ayuntamiento para imponer la responsabilidad a quien corresponda.

La orden fue cumplida. El Ayuntamiento creó una comisión, y advirtió de que iba a ser un trabajo dilatado en el tiempo dado el mal estado en que se encontraba el archivo, por lo que el pleno acordó que se suplicase al gobernador para que concediese el tiempo necesario para realizar la operación. El resultado es el inventario que se presenta ahora, para el cual, según informó el secretario sobre los trabajos realizados con los documentos ha sido preciso separarlos y colocarlos en sus respectivos ramos, coserlos y ponerles las caretas provisionales de papel.

Una semana más tarde, se presenta ante el pleno municipal el inventario y la corporación quiere dejar claro que no es el actual Ayuntamiento responsable de las faltas que han notado a los papeles, que causaron anteriores del tiempo medio.

A pesar de la justificación, la respuesta del ayuntamiento no debió satisfacer al Gobernador Civil, quien mediante oficio ordenó abrir un expediente de investigación para averiguar el paradero de los papeles que faltaban en el archivo. Además, ordenó al secretario que tomase posesión del archivo para que pudiera responder en todo tiempo de cuantos documentos existiesen, ordenándolos del modo más conveniente para su manejo y conservación. Para ello debía realizar la compra de cartones, cintas y demás material necesario al efecto. El secretario debió cumplir la orden, y en los años sucesivos el archivo está en manos del mismo. Pero en lo referido a la investigación vuelven a insistir en que no hay manera de averiguar dónde están los documentos, ya que han ido desapareciendo a causa de no haber casas consistoriales y rodar los papeles por las casas de los alcaldes y escribanos del cabildo. Advierten, también, de que los escribanos del cabildo lo eran igualmente públicos y de la guerra, por lo que los documentos pudieron quedar mezclados en las escribanías. Por todo esto proponen, para de ese modo evacuar cualquier responsabilidad sobre ellos, que la autoridad competente investigue en ellas para dilucidar si hay algo.

Se trata, sin más, de una repetición de lo acaecido en la etapa anterior: la superioridad reclama documentos, el ayuntamiento no los encuentra, y los primeros ordenan mayor precaución en el cuidado del archivo. Aunque los frutos continúan sin ser los más adecuados.

En cuanto al inventario del Archivo de la villa de Teguise, establece una clasificación que podemos calificar como altamente subjetiva, pues sólo anota un encabezado que tanto puede ser un tipo de documento (libro capitular, por ejemplo), como una sección propiamente dicha (pósitos, por ejemplo) o relativo a una población lanzaroteña (Haría), hasta una referencia tal como papeles del año 1810 y demás del 1812 y 1813, y durante el sistema constitucional. Y a continuación de estos epígrafes se detalla cada uno de los documentos concernientes al asunto del encabezado de forma resumida.

La primera conclusión que podemos extraer de esta forma de hacer inventario es que la teoría archivística aún no ha evolucionado, por lo que el secretario resuelve el problema del desorden del archivo del mejor modo posible a su entender, lo cual es loable.

La teoría archivística se fue formalizando entre 1828 y 1923, como propone Martín-Pozuelo, pero su calado en los ayuntamientos canarios, y más concretamente en los secretarios que realizaron los inventarios descritos más arriba, era prácticamente nula. Se dedicaron, cuando lo hacían, a cumplir con lo estipulado en la legislación administrativa; esto es, hacer inventarios someros. Y como la legislación no explicitaba la manera de hacerlos cada uno de ellos lo elaboró como mejor entendió que era la forma correcta.

La incorporación de archiveros en las plantillas municipales cambió el rumbo de los archivos municipales. Así se hace patente en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a partir de la década de los veinte, cuando accede a la plaza de archivero Pedro Cullén del Castillo, quien con buen hacer lleva un control más exhaustivo de los documentos, llegando a registrar en sendos libros aquéllos que entran en el archivo y los que salen en calidad de préstamos administrativo. De manera que la práctica archivística comienza a hacerse más rigurosa.